Elecciones 22M

Ayer estuve de presidenta en una mesa en las elecciones de Chiclana, y fue una buena experiencia, me tocaron unos compañeros en la mesa bastante competentes y se hizo el día muy ameno por el buen ambiente que creamos los tres. Los interventores que nos tocaron en la mesa también estuvieron muy bien, intentando colaborar en todo lo necesario.
Bastantes personas fueron a votar, en mi mesa mas del 50% de los inscritos en el censo.
El momento  peor que  puedo describir, fue cuando cerraron el colegio y llego el momento de contar las papeletas, estando en el siglo XXI deberían buscar algo mas informatizado, pues aun se sigue contando las papeletas una a uno, y luego completar varios documentos varias veces, todos a manos, para poder entregar copias a todas las candidaturas.
Finalmente llevamos los sobres a los juzgados y las 21:30 estábamos todos en casa.

Pero por lo demás fue una jornada agradable, una experiencia mas y no tengo ninguna queja de ello.

El Senado aprueba la Ley del Juego y obliga a los operadores online a regularizar su situación con Hacienda

La Comisión de Economía y Hacienda del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley de regulación del juego, por el que se crea una Comisión Nacional del Juego (CNJ) como organismo regulador encargado de velar por el adecuado funcionamiento del sector y se establece una regulación específica sobre el juego “on- line”.Una vez superado este trámite, tras pasar previamente por el Congreso, el texto volverá a la Cámara Baja para afrontar su último trámite antes de ser aprobado.
El proyecto sale de la Cámara Alta con más de una decena de modificaciones introducidas por CiU, ERC-IU-ICV y el PP (grupo que dejó claro que este proyecto es “muestra de la constante improvisación y falta de respeto del Gobierno con el Legislativo”)
Todos los operadores de juego online tendrán que regularizar su situación tributaria de los cinco últimos años con Hacienda si quieren obtener una licencia para ofrecer sus servicios en España.
Se trata de una importante novedad incluida ayer en el proyecto de la Ley del Juego, que aprobó ayer el Pleno del Senado, que aunque presentada por el Grupo Popular, fue apoyada finalmente por todos los grupos, incluido el socialista.
La enmienda, que como el resto del proyecto de la norma deberá ser ratificado de nuevo por el Congreso, regula que la obtención del título habilitante “estará condicionada a que el operador se encuentre al corriente de pago de las obligaciones fiscales correspondientes”.
Por otro lado, La futura ley reguladora del Deporte Profesional asegurará que un porcentaje de la recaudación que se obtenga en todas las modalidades de apuestas deportivas retornará al mundo del deporte.
Así lo han pactado el PNV y el PSOE, que han incorporado en el Senado una enmienda a la Ley del Juego, para asegurar ese retorno al deporte de una parte del dinero que los ciudadanos gastan en las apuestas deportivas
Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han subrayado la necesidad de una ley que regule el juego «online», que en la actualidad se realiza desde la «alegalidad», y han coincidido además en que esta ordenación evitará que el juego pueda ser usado para actividades ilícitas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha celebrado la decisión del Senado de permitir que los periódicos puedan seguir publicitando en sus páginas el juego ‘online’, ya que las empresas que lo ofertan dispondrán de un periodo transitorio para regularizar su situación

http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/administrativo/el-senado-aprueba-la-ley-del-juego-y-obliga-a-los-operadores-online-a-regularizar-su-situacion-con-hacienda.html

El Constitucional permite a Bildu presentarse a las elecciones del 22-M

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordad, por seis votos a cinco, permitir que Bildu -coalición integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes- concurra a las elecciones del próximo día 22, revocando así la decisión del Tribunal Supremo de anular sus listas.

La decisión no se ha conocido oficialmente hasta las 00:26 del viernes, ya comenzada la campaña electoral, pese a que ya antes de la medianoche se sabía que la postura de los magistrados partidarios de confirmar la sentencia del Supremo -recogida en una ponencia redactada por Francisco Hernando- había sido derrotada por ese mismo resultado. Faltaba todavía, sin embargo, la votación final, en la que la nueva ponencia, favorable a permitir la presencia de Bildu en las elecciones y de la que se ha hecho cargo el progresista Luis Ortega, se ha sometido a la consideración de los magistrados.

Los once componentes del pleno se han reunido de nuevo a las 23:35 y el texto ha recibido el apoyo de la mayoría progresista -además de Ortega, Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps, Adela Asua, Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera-, mientras que los conservadores han votado en contra. A este bloque, compuesto por los magistrados Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos, Ramón Rodríguez Arribas y Javier Delgado, se ha adherido Manuel Aragón, teóricamente encuadrado en el ala progresista, pero que ya en su día votó con este sector la sentencia que anuló varios artículos del Estatut de Cataluña.

Aunque los recursos de amparo, como el que presentó Bildu, deben ser resueltos por una sala y no por el pleno del Constitucional, éste ha intervenido por primera vez en un asunto relacionado con candidaturas de la izquierda abertzale anuladas por el Tribunal Supremo ante la incapacidad de los seis miembros de la sala segunda para romper el empate entre conservadores y progresistas. Así, en la reunión mantenida por la mañana se había constatado que la ponencia inicial que confirmaba el fallo del Supremo, redactada por Hernando, sólo tenía el apoyo de sus compañeros Rodríguez Arribas y Pérez de los Cobos, mientras que los otros tres -Gay, Ortega y Pérez Vera- se mantenían firmes en su defensa del derecho de Bildu a la participación política.

Tras interrumpir las deliberaciones para comer, los seis magistrados volvían a encontrarse a las 19:00 y, al persistir sus diferencias, decidían entregar el asunto al pleno. Aquí la mayoría progresista ya era clara, ya que a los tres primeros se sumaban el presidente del Constitucional, Pascual Sala, y los magistrados Adela Asua, Pablo Pérez Tremps y, en principio, Manuel Aragón. Por contra, los conservadores sólo podían sumar a su postura el voto de Javier Delgado Barrio. Reunido el pleno poco antes de las 21:00, se sometió primero a votación la ponencia de Hernando, que fue derrotada por seis votos a cinco.

La misión de redactar la sentencia pasó entonces a manos del progresista Luis Ortega, cuyo texto obtenía al filo de la medianoche el respaldo de la mayoría. Minutos después de las 00:00, el Constitucional notificaba el fallo a las partes personadas, aunque la sentencia no se conocerá hasta dentro de unos días junto a los cinco votos particulares que han anunciado los cinco magistrados que se han opuesto a que Bildu participe en las elecciones.

Esta es la cuarta ocasión en la que el Constitucional revoca una decisión del Supremo relacionada con candidaturas de la izquierda abertzale. Este jueves lo ha hecho dos veces: con Bildu y con una agrupación electoral de Zalduondo (Álava), la única de las once que fueron anuladas el pasado domingo por el Supremo que había recurrido en amparo. Los dos casos anteriores tuvieron lugar en 2009, cuando el Constitucional permitió que Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP) participara en las elecciones europeas, y en 2003, cuando con ocasión de unos comicios locales se concedió amparo a 16 de las 241 candidaturas anuladas por el Supremo por su vinculación con Batasuna

http://www.diariodecadiz.es/article/espana/967114/constitucional/permite/bildu/presentarse/las/elecciones/m.html

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Casi un 59 % de las empresas paga con retraso en España

Crece un 1,79% respecto al último trimestre de 2010 el número de empresas que se encuentra en esta situación. De hecho, la media de retraso estos tres primeros meses es de 21,29 días, siendo las pequeñas empresas las que más incrementan. Por su parte, La Administración Pública supera los 40 días de demora en sus pagos. Canarias sigue siendo la comunidad con mayor retraso, aunque mejora respecto al trimestre anterior
El 58,92% de las empresas españolas no respeta las condiciones de pago pactadas con sus proveedores en el primer trimestre del año, frente al 57,13% del último trimestre de 2010, según el estudio realizado por INFORMA D&B, compañía del Grupo CESCE, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing. Este estudio ha consistido en el análisis estadístico de los datos de DUN TRADE®*.
El plazo medio de retraso de pago es de 21,29 días, un empeoramiento de 0,42 días respecto a los 20,87 días de media en los tres últimos meses de 2010.
Los importes de las facturas analizadas suman 8.696.898.854 euros, de los que el 27,89% se ha pagado puntualmente, la mayor parte, el 66,25%, con un retraso de hasta 30 días, y el 1,41% con un retraso superior a 120 días.
España y Portugal son los dos países europeos que pagan con mayor retraso respecto a los plazos acordados, superando una demora de 20 días (29,98 para Portugal). La media europea es de 13,42 días en este trimestre. Los periodos establecidos para los pagos en nuestro país oscilan generalmente entre 90 y 120 días, situándose entre los más altos de Europa.
Administración Pública, la que más demora sus pagos
Hay tres sectores que presentan retrasos superiores a 30 días, de hecho la Administración Pública supera los 40 con una media de retraso de 40,36 días. En la Construcción esta cifra se sitúa en 33,48 días y en las Actividades Inmobiliarias en 33,20.
Seis sectores están por debajo de la media nacional: Transportes y Comunicaciones, 21,24, Educación, 21,05, Agricultura e Industrias extractivas, 21,03, Energía, 20,40 y, solo dos por debajo de 20 días: Industria Manufacturera, 18,57, y Comercio y Reparación de Automóviles, 17,14.
Canarias, Andalucía y Murcia las regiones que más dilatan los pagos
El comportamiento de pagos de las empresas refleja una marcada división entre el norte y el sur de España. Todas las comunidades del sur superan la media nacional, excepto Ceuta, mientras que todas las del norte están por debajo.
Las comunidades donde son mayores los retrasos son las Islas Canarias, 39,46 días, Andalucía, 30,59 y Murcia, 29,93, si bien reducen la media respecto al trimestre anterior. En el otro extremo, o sea las que tienen un mejor comportamiento, son el País Vasco, con una media de 11,65 días, Navarra, 13,54, y Aragón, 14,57. Sin embargo, en este caso todas ellas han incrementado sus cifras frente al último trimestre de 2010.
Madrid supera ligeramente la media nacional, con 22,32 días, mientras que Cataluña se sitúa por debajo, con 18,94.
Las micro y pequeñas empresas son porcentualmente las más cumplidoras
El 47,91% de las microempresas y el 39,51% de las pequeñas cumplen con los plazos de pago pactados frente al 22,20% de las medianas y el 8,95% de las grandes empresas.
Pero la mayoría de las empresas medianas y grandes pagan en un plazo de hasta 30 días, 65,32% y 79,82% respectivamente, mientras que esta cifra es más baja en el caso de las micro y pequeñas empresas, del 35,65% y del 47,18% respectivamente.
Todos los tipos de empresas empeoran su comportamiento de pagos respecto al último trimestre de 2010, aunque las más afectadas son las pequeñas empresas que suben su media en 0,64 días, si bien son las microempresas las únicas que presentan un retraso superior a la media española, con 22,80 días.
* INFORMA D&B, a través de su programa DUN TRADE® ha constituido una base de datos única, formada por más de 1,3 millones de experiencias de pagos, tanto positivas como negativas, por un valor de 8.696.898.854 euros, así se pueden apreciar los comportamientos de más de 300.000 empresas diferentes en España. Constituye, por lo tanto, una válida referencia para determinar los hábitos reales de pago.
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/casi-un-59-de-las-empresas-paga-con-retraso-en-espana.html

Análisis de los primeros cinco meses de vida de la Oficina Judicial(diario juridico.com)

La Oficina Judicial ha cumplido cinco meses de funcionamiento en las sedes de Burgos y Murcia, las primeras en adoptar el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, y dos meses en las sedes de Cáceres y Ciudad Real, que se incorporaron en febrero de este año. Con el objetivo de valorar la situación del despliegue y el funcionamiento de la Oficina Judicial en estas cuatro ciudades, el Ministerio de Justicia ha hecho público un informe de situación que contiene datos relativos al comportamiento y evolución de los indicadores que arrojan las aplicaciones encargadas de medir la actividad judicial.
Del análisis de los datos obtenidos en las primeras sedes de la Oficina Judicial se extraen las siguientes conclusiones:
1. El Servicio Común General y el Servicio Común de Ejecución registran un rendimiento positivo en las cuatro sedes. El mayor reto representa hoy la optimización del funcionamiento del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento en su actuación integrada con las Unidades Procesales de Apoyo Directo al juez o magistrado.
2. La implantación de la Oficina Judicial es un proceso muy complejo que requiere una adecuada gestión por proyectos y una estrecha y permanente coordinación de todos los ámbitos de actuación implicados
3. Si bien se han producido algunas disfunciones lógicas en los ámbitos tecnológico y organizativo, muchas de las cuestiones planteadas en Burgos y Murcia han sido debidamente resueltas en el proceso de implantación de Ciudad Real y Cáceres.
4. La experiencia adquirida en estas primeras sedes está permitiendo ajustar el proceso para abordar con éxito futuros despliegues, en una apuesta por la mejora continua por parte del Ministerio de Justicia.
La implantación de la Oficina Judicial ha tenido su reflejo en la actividad ordinaria de las sedes. Si bien en un primer momento produjo cierta ralentización de la actividad, los indicadores analizados revelan que se ha normalizado, e incluso mejorado, el rendimiento de la actividad judicial desde la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo:
1. Lexnet
El número de notificaciones electrónicas practicadas a través de Lexnet, el sistema seguro que permite la comunicación bidireccional de las Oficinas Judiciales con los distintos operadores jurídicos, permite realizar una evaluación bastante aproximada del funcionamiento de la actividad judicial en una sede. Cuanto mayor sea el número de notificaciones por Lexnet mayor será la actividad procesal de la sede.
En el caso de la Oficina Judicial de Burgos se observa que, a fecha del despliegue en noviembre de 2010, se practicaron 12.424 notificaciones. Esta cifra casi se ha duplicado en marzo de 2011 hasta las 26.544 notificaciones, superando el ritmo anterior al despliegue. La situación de Murcia es similar a la de Burgos. En el momento del despliegue de la Oficina Judicial, se produjo un descenso de las notificaciones de 49.262 a 35.117 de octubre a noviembre, pero la evolución ha sido positiva hasta situarse en las 62.649 a finales de marzo de 2011. Aplicando este mismo indicador a la Oficina Judicial de Cáceres, que se implantó el 9 de febrero de 2011, se observa que, de las 16.350 notificaciones practicadas en enero de este año, se ha pasado a 19.025 el pasado mes de marzo. Por último, en Ciudad Real, durante el primer mes de implantación, la tendencia ha sido similar a la de Cáceres: de las 10.201 notificaciones practicadas en el primer mes de 2011 se ha pasado a 11.266 en marzo.
2. Sistema Integrado de Registro Administrativo de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ)
El número de accesos (inscripciones y consultas) en el Sistema Integrado de Registro Administrativo de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ) es otro indicador significativo de actividad judicial en una sede.
Comenzando por Burgos, se aprecia una actividad uniforme en el número de inscripciones practicadas antes y después de la implantación de la Oficina Judicial. En noviembre de 2010 se practicaron 530, y en marzo de 2011 ascendieron ligeramente hasta llegar a las 573. En el caso de Murcia la tendencia es similar, aunque se detecta un mayor descenso de actividad durante el mes de implantación, noviembre 2010, cuando se practicaron 694 accesos para llegar a los 1.023 que se han registrado en el mes de marzo. En la sede de Cáceres, incluso se ha superado en el mismo mes de implantación, las anotaciones en SIRAJ del mes anterior. Si en enero de 2011 se practicaron 302, durante el mes de febrero, en el que se implantó la Oficina Judicial, éstas ascendieron a 433, para llegar a las 647 en marzo. En el caso de Ciudad Real las 647 inscripciones practicadas en marzo de 2011 ya superan las 481 que se practicaron en enero, un mes antes de la implantación de la Oficina Judicial.
3. Indicador de penados
En este caso, este indicador ofrece datos similares a los del SIRAJ.
En la sede de Burgos, este indicador arrojaba una cifra de 625 a fecha de la implantación de la Oficina Judicial (noviembre de 2010), cuando en marzo de 2011, prácticamente se ha duplicado, llegando a 1.192. En el caso de Murcia, la cifra, a marzo de 2010, es de 1.804, cuando en el mes anterior a la implantación de la Oficina Judicial dicho dato era de 1.498. En Cáceres se aprecia en este indicador una tendencia más positiva que en Burgos y en Murcia. De la cifra de 441 que se arrojaba en enero de 2011, el mes anterior a la implantación de la Oficina Judicial, se ha pasado a 890 en el mes de marzo de 2011. Por último, la tendencia en Ciudad Real es muy similar a la de Cáceres. Del número de 568 en enero de 2011, se ha pasado a 860 en el mes de marzo.
4. Indicador de la Cuenta de Consignaciones
Este indicador recoge todas las operaciones deudoras de las cuentas (mandamientos de pago, transferencias emitidas, traspasos, etc.) tanto ejecutadas como pendientes de ejecutar.
En el caso de Burgos se observa que, tras el previsible estancamiento del primer mes de la entrada en funcionamiento, el incremento en el número de operaciones realizadas ha sido constante: en noviembre se registraron 1.085 operaciones para pasar a las 1.690 del mes de marzo, lo que supone un incremento del 56%. En Murcia se aprecia una tendencia similar a la de Burgos. Si bien el incremento experimentado desde noviembre a marzo es superior en este caso al haber alcanzado el 73%: de las 679 operaciones en noviembre de 2010, se ha llegado a 1.174 el pasado mes de marzo. En relación a Cáceres, se observó un descenso en el mes de febrero, cuando se implantó la Oficina Judicial, pero la actividad se ha recuperado rápidamente, y en marzo, los valores están prácticamente al mismo nivel que antes de la implantación de la Oficina Judicial. En enero se registraron 909 operaciones, para pasar a 634 en febrero y subir a las 945 en marzo. En Ciudad Real, la recuperación de actividad ha sido más irregular que en Cáceres, aún así, la evolución ha sido similar a la de Burgos y Murcia. De las 785 operaciones registradas en enero, se pasó a 434 en el mes siguiente, y éstas ascendieron a 636 en el pasado mes de marzo.
5. Indicador de Registro y Reparto de asuntos
Es el número de asuntos registrados y repartidos por el Servicio Común General de la Oficina Judicial.
En Burgos se observa una tendencia muy favorable en la que los 5.604 asuntos registrados y repartidos en el mes de la implantación de la Oficina Judicial, ascendió a 8.356 en solo 30 días (diciembre 2010), y se duplicó hasta alcanzar los 18.948 asuntos registrados y repartidos en marzo de 2011. En Murcia, desde noviembre de 2010 a marzo de 2011, se aumentaron en más de 3.000 los asuntos registrados y repartidos, pasando de 22.752 a 25.828. En el caso de Cáceres, se partió de un dato de 5.871 asuntos registrados en febrero para alcanzar los 7.335 en el mes de marzo. Esta tendencia al alza se repite en Ciudad Real, ya que dentro del mismo periodo de tiempo se pasó de los 8.375 asuntos registrados y repartidos para llegar a los 13.866.
6. Indicador de actos de comunicación del Servicio Común General (SCG)
Con la nueva organización de la Oficina Judicial, desde el primer día de implantación en Burgos y Murcia, no ha existido retraso en la práctica de actos de comunicación a raíz del despliegue, ya que se practican casi la totalidad de los actos que se reciben y registran. En Burgos, partimos del despliegue con 2.245 actos de comunicación registrados, de los cuales se practicaron 2.204. Para el mes de marzo, la cantidad de actos de comunicación registrados había subido a 10.104, y a pesar de ello, solo quedaron sin practicar un 2,7%. En el caso de Murcia, por ejemplo, la cifra de actos registrados a marzo de este año fue de 7.293 de los 5.842 practicados. En noviembre, el mes del despliegue de la Oficina judicial, los actos registrados fueron 4.847 frente a los 4.703 practicados.
En la sede de Cáceres, la tendencia es positiva al alza, alcanzándose una cifra en marzo de 721 actos de comunicación registrados y 732 practicados. Por su parte, las cifras son aún más positivas en Ciudad Real ya que el incremento desde la implantación de la Oficina Judicial en febrero ha superado el 125%: en este mes los actos de comunicación registrados fueron 1.387 frente a los 1.372 practicados. En el mes siguiente, los actos registrados ascendieron a 3.148 y los practicados a 3.012.
7. Indicador de señalamientos y subastas
Otro indicador relevante es el número de señalamientos y subastas practicadas en cada una de las sedes de Oficina Judicial. En todas ellas se aprecia una tendencia al alza del número de señalamientos y una proporción lógica en cuanto al número de actuaciones suspendidas. En Burgos, se pasó de las 803 actuaciones practicadas y 211 suspendidas en febrero, a los 1.004 practicadas y las 221 suspendidas en el mes siguiente. En el caso de Murcia estas actuaciones practicadas subieron de 1.149 a 1.264 de febrero a marzo, y en este mismo periodo, las suspendidas descendieron de 269 a 258.
En Cáceres se observa que el número de señalamientos y subastas celebradas en febrero fue de 526 para estabilizarse en 492 en marzo, mientras que los suspendidos fueron 42 en el segundo mes del año para pasar a 86 en el mes siguiente. Por último, en Ciudad Real se aprecia que las actuaciones celebradas pasaron de 710 en febrero para ascender a 792 en marzo. Las actuaciones suspendidas mostraron una leve variación en este periodo, pasando de 131 a 144.
8. Indicador de número de resoluciones que ponen fin al procedimiento dictadas por el Servicio Común de Ordenación Procesal (SCOP)
Una de las nuevas competencias del SCOP es la de dictar resoluciones que ponen fin al procedimiento cuando no es necesaria la intervención del juez, ya que la Ley atribuye esta competencia a los secretarios judiciales. Se muestra una evolución favorable en las cuatro sedes de Oficina Judicial.
En febrero, el número de resoluciones dictadas en Burgos era de 269, ascendiendo en el mes siguiente a 373. Dentro del mismo periodo, en el caso de Murcia se pasó de 101 a 126. Pero los incrementos más espectaculares se muestran en Cáceres y Ciudad Real. En la sede extremeña, el número de procesos terminados por el SCOP aumentó de febrero a marzo de 10 a 97. Respecto a Ciudad Real, el aumento es aún más llamativo ya que subió de las 26 resoluciones de febrero a las 257 de marzo.
9. Indicador de ejecuciones terminadas en el Servicio Común de Ejecución (SCEJ)
El dato que mejor refleja la actividad del nuevo Servicio Común de Ejecución es el número de ejecutorias terminadas. Los datos en las cuatro sedes reflejan una evolución favorable. En Burgos y Murcia se aprecia una situación de cierta estabilización respecto del trabajo más intenso que se realizó en los primeros meses de funcionamiento de la Oficina Judicial.
A fecha de despliegue de la Oficina Judicial en Burgos, en noviembre de 2010, las ejecutorias terminadas fueron 453 para ascender a 693 en marzo de 2011. En la sede de Murcia, dentro del mismo período, se pasó de 431 ejecutorias a 752. Respecto a Cáceres, se ha pasado de las 105 actuaciones en febrero a las 256 en el mes de marzo y en Ciudad Real el aumento es superior, ya que en el mismo plazo de tiempo se ha aumentado de 511 ejecuciones archivadas a 635.
Informe Despliegue Oficina Judicial